Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores sostuvieron hoy una reunión de trabajo virtual con autoridades del Gobierno Federal, en la que analizaron la estrategia del regreso a la actividad económica en las entidades del país para definir acuerdos y coordinar los trabajo la Federación y los gobiernos de los estados, en esta etapa del COVID-19.
 
El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó al Gobierno Federal que dicte una disposición general con los criterios que deben aplicar las entidades federativas para la apertura de las actividades económicas, a fin de definir, en un marco jurídico sanitario general, el curso de acción que deberán seguir.
 
En el caso de Tamaulipas, dijo el mandatario, es necesario que formalicen por escrito el curso de acción que debe seguir este gobierno para garantizar la legalidad de las decisiones que se toman para la reapertura de las actividades económicas sin dejar de cuidar a la población y salvar vidas.

Dijo que con la estrategia denominada “Nueva Normalidad” implementada por el Gobierno Federal y la semaforización de riesgo por entidad federativa, el Gobierno de México, traslada a los estados la responsabilidad de decidir e imponer la restricción de actividades y las medidas de control, de acuerdo a lo que cada entidad interprete sobre la semaforización federal.
 
Aseguró el Gobernador que esta responsabilidad en materia de salud, es otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de forma extraordinaria y exclusiva al Gobierno Federal. La Constitución reserva en la federación la facultad de declarar una enfermedad como epidemia de carácter grave y de dictar disposiciones generales obligatorias para todas las autoridades y particulares en el país.
 
Advirtió que esta transferencia de responsabilidades no cuenta con reglas, presupuesto o marco jurídico sanitario general, y por tanto, pone a las entidades en una situación irregular.

Explicó, que si las entidades aplican el semáforo rojo que definió la federación, en los hechos se deja sin vigencia los acuerdos de reapertura dictados por el mismo Gobierno Federal, violando los derechos de aquellas personas y empresas que están en condiciones de reapertura, según los criterios establecidos en dichos acuerdos, generando que se promuevan amparos contra la determinación eventual de cierre.
 
Por el contrario, si las entidades omiten la semaforización y abren actividades más allá de las que son esenciales, pueden incurrir en una violación a las directrices sanitarias obligatorias dictadas conforme a las facultades de la Constitución, porque se debatiría con la misma Federación el sustento legal para reperturar los negocios en determinadas circunstancias, por eso, dijo, es necesario dictaminar una disposición general con los criterios dictados legalmente para que sean atendidos por las entidades federativas.