Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el inicio de la actual administración estatal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha emprendido una transformación profunda del sistema de justicia laboral en Tamaulipas, enfrentando de manera frontal un rezago histórico acumulado durante décadas.
Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia, dijo que a partir de 2022, la dependencia ha logrado abatir más del 60 por ciento de los expedientes rezagados, reduciendo una carga que ascendía a miles de asuntos heredados.
Dijo que actualmente, solo permanecen alrededor de ocho mil expedientes en trámite, cifra que continúa disminuyendo mes con mes de manera sostenida, gracias a un impulso procesal constante y una estrategia integral de atención.
«La proyección institucional es clara: concluir la totalidad de los expedientes antes de 2028, convirtiendo a Tamaulipas en uno de los estados con mayor avance en la regularización de su sistema laboral a nivel nacional», expresó.
Indicó que este avance no solo representa eficiencia administrativa, sino una verdadera defensa de los derechos de las y los trabajadores. Con la puesta en marcha efectiva del nuevo modelo de justicia laboral, se consolidó el funcionamiento de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas, que hoy son la primera vía de resolución de conflictos. Gracias a este esquema, ocho de cada diez casos se resuelven mediante conciliación, evitando juicios largos y costosos.
Además, el tiempo promedio de resolución de conflictos laborales es de 20 días, cuando la ley establece un plazo máximo de 40, lo que coloca a Tamaulipas por encima de la media nacional en eficiencia y efectividad. Este modelo beneficia directamente a miles de familias tamaulipecas y fortalece la confianza en las instituciones.
Refirió que la Secretaría del Trabajo también ha actuado con firmeza en los casos que requieren medidas legales más severas, impulsando diligencias, para garantizar el cumplimiento de resoluciones y el pago justo a las personas trabajadoras.
También, refirió que en paralelo, la dependencia mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, reforzando los mecanismos de supervisión interna y atendiendo cualquier señalamiento con responsabilidad, transparencia y apego a la ley. El objetivo es claro: erradicar prácticas indebidas y garantizar un servicio público digno, profesional y humano.
«Estos resultados son reflejo de una gestión alineada con la política de humanismo y transformación impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde la justicia laboral deja de ser un trámite interminable y se convierte en un derecho efectivo, accesible y cercano a la gente», concluyó.
