Güémez, Tamaulipas.- La Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el Estado (DEMA) fortaleció la capacitación y actualización de su personal con cursos especializados y la participación en una mesa de trabajo nacional para homologar herramientas técnicas del sistema.

Se llevaron a cabo los cursos de “Actualización para Intervinientes y Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, realizados en las instalaciones de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

El objetivo fue capacitar y actualizar a servidores públicos en materia de justicia para adolescentes, a fin de garantizar una impartición de justicia especializada, con respeto a los derechos humanos y al interés superior del menor.

Así como procesos eficientes, trato diferenciado y acciones orientadas a la reinserción social, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En el acto de clausura estuvo presente la directora de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Maribel Leticia García Barrientos, acompañada de personal administrativo, quien agradeció la participación de los asistentes y los exhortó a aplicar los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones.

Con estas acciones se logró capacitar a 50 servidores públicos, entre guías técnicos y personal administrativo, quienes ahora cuentan con herramientas y estrategias para desempeñar su labor con eficiencia, lealtad y honradez, de acuerdo con su grado de intervención en las distintas etapas del sistema.

Asimismo, personal de la Dirección y de los Centros Regionales participó en una mesa de trabajo virtual convocada por la Dirección Técnica Responsable del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el propósito de dar seguimiento al análisis del formato “Instrumento de Evaluación de Riesgos Procesales”.

La finalidad es fortalecer esta herramienta y avanzar hacia un instrumento integral homologado para todas las entidades del país, que permita sistematizar la recolección y análisis de información, mejorar la calidad de los informes técnicos que se entregan a los jueces y propiciar decisiones más precisas en la imposición de medidas cautelares.