Participa secretario de RH de Tamaulipas en la XIV Sesión Ordinaria de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca Río Bravo

Monterrey, Nuevo León. – El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, participó en la XIV Sesión Ordinaria de la Comisión de Operación y Vigilancia (COVI) del Consejo de Cuenca Río Bravo. En el evento estuvieron presentes los representantes de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua, quienes conforman las diversas vocalías del Consejo.

Durante la sesión, se presentó un informe sobre el estado actual de almacenamiento en las presas ubicadas en la Cuenca del Río Bravo, así como el pronóstico de lluvias a largo plazo para el año 2025. En este contexto, también se discutió la distribución de agua para uso agrícola en el ciclo 2024-2025.

Asimismo, se presentó el informe de actividades correspondiente al año 2024 y se dio a conocer el Programa de Trabajo para el año 2025, que incluye acciones y estrategias para garantizar una gestión más eficiente y sostenible del vital líquido.

Al final de la sesión, el estado de Tamaulipas, con el apoyo unánime de los integrantes del consejo, propuso presentar un acuerdo sobre la inconformidad con el acta 331, debido a que altera las disposiciones del Tratado de 1944, al aplicar un enfoque de predictibilidad para cumplir con las entregas de agua a los Estados Unidos, lo que pone en riesgo los derechos de los usuarios de la cuenca.

Este acuerdo será presentado ante el Consejo de Cuenca para su correspondiente pronunciamiento.

“El Tratado de 1944 establece que el cien por ciento de las aguas del río San Juan pertenecen a México y que, por lo tanto, no están comprometidas en el tratado. El acta 331 sí las compromete,” mencionó el secretario de Recursos Hidráulicos.

Finalmente, Quiroga Álvarez destacó que la única manera de darle viabilidad a la cuenca es realizar una depuración y ordenamiento.

“Todos queremos que haya una depuración y ordenamiento de las cuencas en general, esté donde esté el problema. Esa es la única manera de darle viabilidad a la cuenca y practicar un desarrollo sustentable,” enfatizó.

* La administración estatal sostiene que no existe investigación, acusación o notificación oficial en México o Estados Unidos contra el mandatario.

* Afirma que parte de la cobertura mediática nacional atribuyó al reportaje de NYT afirmaciones que el propio diario estadounidense no publicó

Ciudad Victoria, Tamaulipas – El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado el pasado 27 de junio por The New York Times, y sostuvo que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones.

A través de un pronunciamiento público, la administración tamaulipeca sostiene que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones publicada por el rotativo estadounidense el pasado sábado 27 de junio.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”.

Subrayó que el propio reportaje del diario estadounidense no presenta las afirmaciones como hechos probados, sino que las atribuye a cinco personas que, de acuerdo con la propia publicación, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”, por lo que se trata de fuentes anónimas, y consigna que el gobernador ya había negado los señalamientos.

Señala además: “Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”.
Agregó que, además de considerar falsa la versión original, diversos medios de comunicación realizaron interpretaciones propias que, asegura, se apartan del contenido publicado por The New York Times.

“A la falsedad del señalamiento expresado en líneas anteriores, se suma una segunda. Diversos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias, alejadas del contenido exacto de lo que publicó el New York Times. Presentaron como hechos confirmados lo que ni siquiera la fuente planteó en ninguna de las líneas en la publicación y atribuyeron conductas que nunca fueron señaladas”.

Enfatizó que el diario neoyorquino no identifica al gobernador de Tamaulipas como informante ni afirma que exista acusación comprobada alguna en su contra, por lo que considera que las interpretaciones posteriores generaron una “doble falsedad”: por un lado, un señalamiento que califica como carente de sustento y, por otro, la atribución al periódico de afirmaciones que, asegura, nunca fueron publicadas.

En su pronunciamiento, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su respeto por la libertad de prensa y afirmó que la administración encabezada por Américo Villarreal Anaya continuará conduciéndose con transparencia y enfocada en la entrega de resultados para las y los tamaulipecos. “La verdad se acredita con hechos, no con titulares”, señala el posicionamiento oficial.

Finalmente, el Gobierno del Estado informó que el gobernador tiene un interés legítimo y personal en que prevalezca la verdad, al considerar que están de por medio su nombre, su honra y la confianza depositada por las familias tamaulipecas.

Por ello, indicó que el mandatario hace suya la aclaración difundida y manifestó su determinación de defender su buen nombre y el de su administración por todas las vías legales disponibles, al sostener que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un interés legítimo y personal en que la verdad prevalezca. Están de por medio su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas que le otorgaron el mandato de gobernar. Por ello hace suya esta aclaración y manifiesta su firme determinación de defender su buen nombre y el de su Gobierno por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de quien siempre ha actuado dentro de la legalidad”.

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