Firman IDPET y Poder Judicial convenio con municipios del altiplano para ampliar servicios de defensoría pública

Palmillas, Tamaulipas.- En un esfuerzo por fortalecer la coordinación institucional y ampliar el acceso a la justicia en las distintas regiones del estado, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) participó en la firma de un Convenio de Colaboración con municipios de la región del altiplano, con el propósito de acercar los servicios de asesoría y representación jurídica gratuita a la población.

Roxana Guerrero Galván, directora general del IDPET, participó como testigo de honor acompañando a la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, en este acto que formaliza la cooperación institucional con los gobiernos municipales de Jaumave, Palmillas, Bustamante y Miquihuana.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación que permitirán brindar asesoría jurídica y representación legal a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la presencia de la defensoría pública en una de las regiones más apartadas de la entidad.

Estas acciones se alinean con la visión humanista del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido impulsar políticas públicas orientadas a garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que ninguna persona quede sin acceso a una defensa adecuada ante la ley.

Durante el evento se destacó que la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a través del IDPET, así como la participación de los ayuntamientos de la región, permitirá consolidar una defensoría pública más cercana, profesional y eficiente, superando las barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso a la justicia.

“En Tamaulipas impulsamos una defensoría pública itinerante, profesional y comprometida. Este convenio nos permite estar más cerca de la ciudadanía del Altiplano y reafirma nuestro compromiso de trabajar por una justicia equitativa para todas y todos los tamaulipecos”, expresó Guerrero Galván.

Guerrero Galván dijo que con la implementación de este convenio, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas fortalece su labor institucional, garantizando que los habitantes de Jaumave, Palmillas, Bustamante y Miquihuana cuenten con el respaldo de defensores y asesores públicos capacitados para enfrentar los retos del sistema de justicia con ética, profesionalismo y vocación de servicio.

* La administración estatal sostiene que no existe investigación, acusación o notificación oficial en México o Estados Unidos contra el mandatario.

* Afirma que parte de la cobertura mediática nacional atribuyó al reportaje de NYT afirmaciones que el propio diario estadounidense no publicó

Ciudad Victoria, Tamaulipas – El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado el pasado 27 de junio por The New York Times, y sostuvo que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones.

A través de un pronunciamiento público, la administración tamaulipeca sostiene que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones publicada por el rotativo estadounidense el pasado sábado 27 de junio.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”.

Subrayó que el propio reportaje del diario estadounidense no presenta las afirmaciones como hechos probados, sino que las atribuye a cinco personas que, de acuerdo con la propia publicación, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”, por lo que se trata de fuentes anónimas, y consigna que el gobernador ya había negado los señalamientos.

Señala además: “Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”.
Agregó que, además de considerar falsa la versión original, diversos medios de comunicación realizaron interpretaciones propias que, asegura, se apartan del contenido publicado por The New York Times.

“A la falsedad del señalamiento expresado en líneas anteriores, se suma una segunda. Diversos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias, alejadas del contenido exacto de lo que publicó el New York Times. Presentaron como hechos confirmados lo que ni siquiera la fuente planteó en ninguna de las líneas en la publicación y atribuyeron conductas que nunca fueron señaladas”.

Enfatizó que el diario neoyorquino no identifica al gobernador de Tamaulipas como informante ni afirma que exista acusación comprobada alguna en su contra, por lo que considera que las interpretaciones posteriores generaron una “doble falsedad”: por un lado, un señalamiento que califica como carente de sustento y, por otro, la atribución al periódico de afirmaciones que, asegura, nunca fueron publicadas.

En su pronunciamiento, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su respeto por la libertad de prensa y afirmó que la administración encabezada por Américo Villarreal Anaya continuará conduciéndose con transparencia y enfocada en la entrega de resultados para las y los tamaulipecos. “La verdad se acredita con hechos, no con titulares”, señala el posicionamiento oficial.

Finalmente, el Gobierno del Estado informó que el gobernador tiene un interés legítimo y personal en que prevalezca la verdad, al considerar que están de por medio su nombre, su honra y la confianza depositada por las familias tamaulipecas.

Por ello, indicó que el mandatario hace suya la aclaración difundida y manifestó su determinación de defender su buen nombre y el de su administración por todas las vías legales disponibles, al sostener que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un interés legítimo y personal en que la verdad prevalezca. Están de por medio su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas que le otorgaron el mandato de gobernar. Por ello hace suya esta aclaración y manifiesta su firme determinación de defender su buen nombre y el de su Gobierno por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de quien siempre ha actuado dentro de la legalidad”.

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