Durante la ceremonia protocolaria, celebrada en la Ciudad de México, que contó con la destacada presencia y participación del C. P. Javier Juárez, enlace legislativo del IMCP, ambas instancias consolidaron una alianza estratégica orientada a articular voluntades, elevar la excelencia académica y abrir horizontes de titulación, certificación y superación para la comunidad universitaria.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya destacó su firme propósito de tender puentes con organismos de prestigio internacional para dotar a estudiantes, docentes, investigadores y egresados de herramientas vanguardistas y altamente competitivas frente a las demandas del mercado laboral. Asimismo, enfatizó que este esfuerzo reafirma el compromiso de posicionar a la UAT como un referente de formación integral, ética y pertinencia social.

Por su parte, la dirigencia del IMCP reconoció la apertura, el dinamismo y la visión transformadora del liderazgo rectoral, subrayando el interés de la máxima casa de estudios en incorporar a su alumnado a esquemas de capacitación especializada y justas académicas de carácter nacional.

Entre los alcances prioritarios de este convenio sobresale el impulso a la educación continua mediante seminarios, talleres y cursos en contaduría, auditoría, fiscalización y disciplinas emergentes.

De igual forma, se facilitará el acceso de los estudiantes a los exámenes de certificación por disciplinas del IMCP como alternativa de titulación, junto con cuotas preferenciales de afiliación que favorezcan su integración temprana al sector profesional.

El acuerdo contempla también la promoción de investigaciones conjuntas, la actualización curricular con el respaldo de expertos del IMCP, el fomento a la participación en maratones nacionales de conocimiento y el fortalecimiento del servicio social, las prácticas profesionales y la bolsa de empleo.

Adicionalmente, sienta las bases para signar convenios específicos con los colegios federados en las distintas regiones de Tamaulipas, propiciando el intercambio académico y el uso compartido de infraestructura en beneficio del desarrollo económico y social del estado.