Firma convenio Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas con DIF Ciudad Madero para garantizar atención jurídica gratuita

Ciudad Madero, Tamaulipas. – El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, encabezado por, Mariela Estefanía Zurita Lugo, quien además asistió en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, formalizó un importante convenio de colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad Madero.

El objetivo central de este acuerdo es garantizar atención y defensa jurídica gratuita a niñas, niños, adolescentes y a cualquier persona que habite en el municipio, con especial énfasis en quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ciudad Madero, con la participación de la presidenta del DIF, Dunia Marón, y la directora general del organismo, Neffertitti Constantino Martínez.

Este acuerdo interinstitucional permitirá canalizar a quienes lo requieran para recibir acompañamiento jurídico profesional, gratuito y especializado en diversas áreas del derecho, fortaleciendo así el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos.

“Este convenio es un paso firme en la consolidación de una justicia más cercana, sensible y efectiva para la ciudadanía. Refrendamos nuestro compromiso de brindar defensa legal con profesionalismo y sentido humano, especialmente a quienes más lo necesitan. Seguimos cumpliendo con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, de construir un Estado con justicia social y derechos garantizados para todas y todos”, afirmó Zurita Lugo.

Los servicios del Instituto de Defensoría Pública abarcan las áreas civil, familiar, mercantil, penal y justicia para adolescentes, asegurando representación y asesoría legal integral a quienes no cuentan con los recursos para contratar un abogado particular.

Indicó que este esfuerzo conjunto entre el Instituto y el DIF Ciudad Madero refleja el firme compromiso de ambas instituciones por proteger los derechos fundamentales de la población, y contribuir a una sociedad más justa e incluyente.

* La administración estatal sostiene que no existe investigación, acusación o notificación oficial en México o Estados Unidos contra el mandatario.

* Afirma que parte de la cobertura mediática nacional atribuyó al reportaje de NYT afirmaciones que el propio diario estadounidense no publicó

Ciudad Victoria, Tamaulipas – El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado el pasado 27 de junio por The New York Times, y sostuvo que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones.

A través de un pronunciamiento público, la administración tamaulipeca sostiene que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones publicada por el rotativo estadounidense el pasado sábado 27 de junio.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”.

Subrayó que el propio reportaje del diario estadounidense no presenta las afirmaciones como hechos probados, sino que las atribuye a cinco personas que, de acuerdo con la propia publicación, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”, por lo que se trata de fuentes anónimas, y consigna que el gobernador ya había negado los señalamientos.

Señala además: “Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”.
Agregó que, además de considerar falsa la versión original, diversos medios de comunicación realizaron interpretaciones propias que, asegura, se apartan del contenido publicado por The New York Times.

“A la falsedad del señalamiento expresado en líneas anteriores, se suma una segunda. Diversos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias, alejadas del contenido exacto de lo que publicó el New York Times. Presentaron como hechos confirmados lo que ni siquiera la fuente planteó en ninguna de las líneas en la publicación y atribuyeron conductas que nunca fueron señaladas”.

Enfatizó que el diario neoyorquino no identifica al gobernador de Tamaulipas como informante ni afirma que exista acusación comprobada alguna en su contra, por lo que considera que las interpretaciones posteriores generaron una “doble falsedad”: por un lado, un señalamiento que califica como carente de sustento y, por otro, la atribución al periódico de afirmaciones que, asegura, nunca fueron publicadas.

En su pronunciamiento, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su respeto por la libertad de prensa y afirmó que la administración encabezada por Américo Villarreal Anaya continuará conduciéndose con transparencia y enfocada en la entrega de resultados para las y los tamaulipecos. “La verdad se acredita con hechos, no con titulares”, señala el posicionamiento oficial.

Finalmente, el Gobierno del Estado informó que el gobernador tiene un interés legítimo y personal en que prevalezca la verdad, al considerar que están de por medio su nombre, su honra y la confianza depositada por las familias tamaulipecas.

Por ello, indicó que el mandatario hace suya la aclaración difundida y manifestó su determinación de defender su buen nombre y el de su administración por todas las vías legales disponibles, al sostener que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un interés legítimo y personal en que la verdad prevalezca. Están de por medio su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas que le otorgaron el mandato de gobernar. Por ello hace suya esta aclaración y manifiesta su firme determinación de defender su buen nombre y el de su Gobierno por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de quien siempre ha actuado dentro de la legalidad”.

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