Construcción de segunda línea del acueducto, un esfuerzo en conjunto entre Estado y Federación

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En el segundo semestre de este 2025, comenzará la construcción de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” con una inversión inicial de 500 millones de pesos; obra estratégica que busca mejorar el suministro de agua potable en la capital del estado.

El secretario de Obras Públicas Pedro Cepeda Anaya informó que esta obra forma parte de los 16 proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico 2024–2030 impulsado por el gobierno federal y destacó que está en proceso, la licitación por medio de la gestión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Apuntó que, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Obras Públicas realiza los trabajos en las líneas eléctricas y la construcción de la planta potabilizadora, para posteriormente, dar comienzo con las labores de la segunda línea del acueducto.

Refirió que la Federación aportará más de 1770 millones de pesos y el gobierno estatal 600 MDP para llevar a cabo este acueducto el cual agregó, es una respuesta a la creciente demanda de agua en Ciudad Victoria.

Estas acciones, representan un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal para garantizar el derecho al agua y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de la capital de Tamaulipas.

Reconoce Tamaulipas preparación de profesionales del derecho en litigación oral

Reconoce Tamaulipas preparación de profesionales del derecho en litigación oral

Tampico, Tamaulipas.- La preparación y actualización de las y los profesionales del derecho constituye un elemento fundamental para fortalecer el acceso a la justicia y garantizar una atención jurídica con ética, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Así lo señaló la directora general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET), Roxana Guerrero Galván, quien asistió, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, a la Ceremonia de Graduación del Diplomado Teórico-Práctico de Litigación Oral sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).

El acto académico fue organizado de manera conjunta por el Colegio de Abogados de Tamaulipas y la Universidad Cultural Metropolitana (UCM), a través de su Centro de Posgrado, y reunió a integrantes de la comunidad jurídica que concluyeron esta especialización orientada al desarrollo de conocimientos y habilidades para la aplicación de los procedimientos de litigación oral en materia civil y familiar.

La ceremonia contó con la participación del presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas, José Isabel Luna Chávez, y de la directora del Centro de Posgrado de la UCM, Lizbeth Dueñas González, quienes encabezaron la mesa de presídium. Durante el evento se entregaron constancias a las y los participantes que culminaron satisfactoriamente el programa, en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso con la actualización profesional.

Guerrero Galván destacó la importancia de sumar capacidades entre las instituciones educativas, los colegios de profesionistas y el servicio público para impulsar una formación jurídica acorde con los retos que plantea la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

“Ante este panorama, la capacitación y el intercambio de experiencias son fundamentales. Por ello, merece especial reconocimiento la colaboración del Colegio de Abogados de Tamaulipas y la Universidad Cultural Metropolitana, a través de su Centro de Posgrado, así como la participación de las y los especialistas que compartieron sus conocimientos y experiencia a lo largo de este programa académico. En materia civil y familiar, el ejercicio del derecho tiene un impacto directo en la vida de las personas y sus familias. De ahí la importancia de contar con profesionistas preparados, que actúen con ética, responsabilidad y sensibilidad, siempre con respeto a los derechos humanos”, expresó.

La formación especializada en litigación oral contribuye a que las y los profesionales del derecho fortalezcan sus competencias técnicas y su capacidad para responder a las exigencias del nuevo marco procesal civil y familiar, con una actuación responsable y centrada en los derechos de las personas.