Tribunal emite fallo contra empresa DALKA; falsificó fianzas, denuncia gobierno

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Después de que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió el fallo contra el Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. por el tema del suministro de despensas, la Secretaría de Administración, aportó pruebas que avalan que el proveedor falsificó y alteró las fianzas para obtener el contrato de manera ilegal.

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván y el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez reiteraron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la legalidad, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos y aseguraron que se cuenta con evidencia clara para sostener que la rescisión del contrato con la empresa Dalka es procedente y se cuenta con el material probatorio para exhibir la conducta delictiva e ilegal con que actuó dicha empresa.

“El Estado seguirá los causes legales y presentará las pruebas correspondientes siempre para defender el interés público. Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”, expuso Jorge Luis Beas.

En conferencia de prensa, la tarde de este martes, los funcionarios explicaron que como parte de las investigaciones, la agencia afianzadora EB Y A emitió un informe donde establece que los trámites para obtener las fianzas, se emitieron el día 11 de abril, a pesar de que el contrato fue firmado con antelación el 15 de marzo y fueron gestionados por un tercero, Mario Montiel Mora, representante de otra empresa, Empacadora La Merced, S.A. de C.V. lo que confirma que las pólizas no fueron entregadas formalmente por Dalka y que no existen registros de haberse recibido en las instancias de gobierno en el plazo legal establecido.

“Estas manifestaciones que exponemos están sustentadas en pruebas documentales y que mejor prueba que lo que afirma en un documento la compañía afianzadora”, expresó.

Por su parte la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou, expuso ante los medios de comunicación que, para garantizar el suministro de las despensas requeridas por la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, estableció un contrato con DICONSA, que es una empresa del gobierno y queda excluida de la Ley de Adquisiciones, además de que ofrecía las mejores condiciones para el estado.

* La administración estatal sostiene que no existe investigación, acusación o notificación oficial en México o Estados Unidos contra el mandatario.

* Afirma que parte de la cobertura mediática nacional atribuyó al reportaje de NYT afirmaciones que el propio diario estadounidense no publicó

Ciudad Victoria, Tamaulipas – El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado el pasado 27 de junio por The New York Times, y sostuvo que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones.

A través de un pronunciamiento público, la administración tamaulipeca sostiene que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde dichas versiones publicada por el rotativo estadounidense el pasado sábado 27 de junio.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”.

Subrayó que el propio reportaje del diario estadounidense no presenta las afirmaciones como hechos probados, sino que las atribuye a cinco personas que, de acuerdo con la propia publicación, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”, por lo que se trata de fuentes anónimas, y consigna que el gobernador ya había negado los señalamientos.

Señala además: “Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”.
Agregó que, además de considerar falsa la versión original, diversos medios de comunicación realizaron interpretaciones propias que, asegura, se apartan del contenido publicado por The New York Times.

“A la falsedad del señalamiento expresado en líneas anteriores, se suma una segunda. Diversos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias, alejadas del contenido exacto de lo que publicó el New York Times. Presentaron como hechos confirmados lo que ni siquiera la fuente planteó en ninguna de las líneas en la publicación y atribuyeron conductas que nunca fueron señaladas”.

Enfatizó que el diario neoyorquino no identifica al gobernador de Tamaulipas como informante ni afirma que exista acusación comprobada alguna en su contra, por lo que considera que las interpretaciones posteriores generaron una “doble falsedad”: por un lado, un señalamiento que califica como carente de sustento y, por otro, la atribución al periódico de afirmaciones que, asegura, nunca fueron publicadas.

En su pronunciamiento, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su respeto por la libertad de prensa y afirmó que la administración encabezada por Américo Villarreal Anaya continuará conduciéndose con transparencia y enfocada en la entrega de resultados para las y los tamaulipecos. “La verdad se acredita con hechos, no con titulares”, señala el posicionamiento oficial.

Finalmente, el Gobierno del Estado informó que el gobernador tiene un interés legítimo y personal en que prevalezca la verdad, al considerar que están de por medio su nombre, su honra y la confianza depositada por las familias tamaulipecas.

Por ello, indicó que el mandatario hace suya la aclaración difundida y manifestó su determinación de defender su buen nombre y el de su administración por todas las vías legales disponibles, al sostener que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un interés legítimo y personal en que la verdad prevalezca. Están de por medio su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas que le otorgaron el mandato de gobernar. Por ello hace suya esta aclaración y manifiesta su firme determinación de defender su buen nombre y el de su Gobierno por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de quien siempre ha actuado dentro de la legalidad”.

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