Reynosa, Tamaulipas.- La falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra ha sido una de las principales barreras para el acceso a servicios básicos en diversas colonias del estado. Tal es el caso del fraccionamiento Nuevo México, donde por años, cientos de familias vivieron en la indefensión debido a la inacción de administraciones anteriores. Sin embargo, con la llegada del actual gobierno, se ha retomado la entrega de escrituras, brindando tranquilidad y seguridad patrimonial a los habitantes.

En un evento encabezado por el delegado del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en Reynosa, Edgar Piña Hernández, se entregaron 43 escrituras a familias del sector, «desde febrero de este año reactivamos la entrega de escrituras, pues sabemos que tener un documento legal que respalde su propiedad les da tranquilidad y estabilidad», afirmó.

La acción responde a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado un programa de regularización de terrenos con el objetivo de fortalecer el tejido social y garantizar los derechos patrimoniales de las y los tamaulipecos. De acuerdo con Piña Hernández, en la misma colonia Nuevo México están por entregarse 126 escrituras adicionales, en cumplimiento del plan gubernamental para otorgar certeza jurídica a las familias.

El director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, hizo un llamado a los ciudadanos que aún no han regularizado su situación para que acudan a las oficinas correspondientes y completen el trámite, «nuestro compromiso es apoyar a todas las familias para que tengan la tranquilidad de contar con un patrimonio seguro», destacó.

Actualmente, más de 43 documentos están en proceso ante el Registro Público, y se espera la pronta entrega de otros 30 títulos de propiedad que ya han sido finiquitados. El programa de legalización de terrenos es permanente, y el ITAVU reiteró su disposición para atender a quienes aún no han concluido sus gestiones.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la construcción de un estado más justo y equitativo, garantizando que las familias tengan acceso a un patrimonio seguro y legalmente reconocido.