Disminuye en Tamaulipas la incidencia delictiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, (ENVIPE), presentada el 18 de septiembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), durante el 2024 Tamaulipas registró en el país, la segunda tasa más baja de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, reflejando el esfuerzo que realiza el gobierno de Américo Villarreal Anaya, alineado a los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal.

La ENVIPE, destaca el lugar que ocupó Tamaulipas en el ranking nacional en 2024, con una tasa de víctimas de delito de 16,537 por cada 100 mil habitantes, por abajo del promedio nacional de 24,135 víctimas, que representa una disminución de 8.7% respecto a la tasa registrada en el año de 2023, y lejos de las tasas más altas registradas en 2024, de 34 851, 30 804 y 30 498, que ocuparon los primeros tres lugares.

Asimismo, esta encuesta del INEGI colocó a Tamaulipas entre los siete estados con la tasa más baja de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, con 25,116, igualmente por debajo de la media nacional de 34,918 delitos y muy distante de las entidades que encabezaron la tabla de la ENVIPE, con tasas de 54,473, 48,426 y 45,107 delitos.

Son cifras que avalan el esfuerzo realizado por el gobierno que conduce el doctor Américo Villarreal Anaya, para reducir la inseguridad pública y construir un entorno de paz en Tamaulipas, alineando su mandato a los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- En cumplimiento a las políticas públicas orientadas a la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y sus familias, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), en coordinación con el Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, llevó a cabo la entrega de 250 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos de América, hijos de madre o padre originario del estado de Tamaulipas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante.

Este programa estatal constituye una acción estratégica para garantizar el derecho a la identidad jurídica, así como para facilitar el acceso pleno a derechos fundamentales, tales como la educación, la salud, la movilidad y los programas sociales, entre ellos las Becas para el Bienestar, además de fortalecer la integración social y el desarrollo integral de las familias binacionales en ambos países.

En representación del director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, la directora de Vinculación, Ruth Martínez Rodríguez, subrayó que la conmemoración del Día Internacional del Migrante mediante acciones concretas reafirma el compromiso institucional de garantizar la identidad jurídica de niñas, niños y adolescentes binacionales, así como su acceso efectivo a los derechos que les corresponden.

Por su parte, la presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, destacó que este programa representa un avance significativo en materia de certeza jurídica, al permitir que las y los menores beneficiarios sean reconocidos legalmente como hijos de padres tamaulipecos, y expresó su agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya, por el impacto económico positivo que esta acción genera para las familias migrantes, al otorgarse de manera totalmente gratuita.

Durante el acto se contó con la presencia del presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso del Estado, Sergio Ojeda Castillo, a quien se le reconoció su respaldo a este programa. Asimismo, se dispuso de un módulo informativo de Becas para el Bienestar de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de orientar a las familias beneficiarias sobre el acceso a este derecho, directamente vinculado con la nueva identidad jurídica de las y los menores.

Finalmente, se destaca que esta acción contribuye a la eliminación de barreras económicas y administrativas, en congruencia con la política estatal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a la inclusión social, el bienestar y la protección de los derechos de las familias migrantes.

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